La resolución 485/2026, fechada el 10 de septiembre, insta al Consorcio a facilitar la documentación requerida, que incluye detalles sobre las tarifas de agua y alcantarillado, sus revisiones, las inversiones realizadas en Picanya y su financiación, así como las inspecciones y analíticas del agua suministrada. Guillem Gil había presentado las primeras solicitudes en 2024 ante la falta de respuesta.
Compromís señala que cuatro revisiones tarifarias se han aplicado desde abril de 2024, tres de ellas al suministro de agua potable y una al servicio de alcantarillado, todas por fórmulas automáticas de la operadora privada Aguas de l'Horta. La formación lamenta que los representantes políticos del Consorcio no fueran informados de estas modificaciones ni accedieran a los estudios de costes.
La compañía Aguas de l'Horta presta el servicio del ciclo integral del agua en varios municipios, incluyendo intervenciones en Picanya como la renovación de conducciones en calles como Virgen de Montserrat y Bonavista. Compromís cuestiona la falta de transparencia en el cálculo de los recibos, comparándolo con la información exigida a las empresas energéticas.
La reclamación al Consejo de Transparencia llega después de que el Síndic de Greuges, en enero de 2025, constatara la falta de respuesta del Consorcio de Aguas de l'Horta dentro del plazo legal a las peticiones de información y a una resolución previa. El Síndic acordó hacer pública esta falta de colaboración.
Durante una asamblea extraordinaria del Consorcio el 18 de noviembre de 2025, Guillem Gil reiteró su petición de explicaciones sobre tarifas e inversiones. La respuesta del presidente del Consorcio y alcalde de Picanya, Josep Almenar, fue una referencia a Mónica Oltra, que Compromís calificó de "distracción".
Esta reclamación se enmarca en la situación del contrato del servicio de agua y saneamiento que afecta a varios municipios. El Tribunal Supremo confirmó la nulidad de una prórroga, abriendo la puerta a un nuevo procedimiento de contratación y auditoría. Compromís reclama que este proceso priorice los intereses de los municipios y usuarios.
