El Partido Popular ha abierto la puerta a la posibilidad de que la gestión de los planes urbanísticos de reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA pueda recaer en promotores privados. Esto sería posible si prospera la enmienda presentada por el grupo parlamentario popular a la Ley de Acompañamiento, que busca modificar la normativa aprobada por el Consell con medidas urbanísticas especiales y "urgentes" para "favorecer las tareas de reconstrucción" tras la catástrofe. Hasta ahora, la norma exigía la gestión directa por parte de la administración.
Estos planes urbanísticos, impulsados por el Consell dirigido por Carlos Mazón, tenían como objetivo "crear y ordenar suelos finalistas para la construcción de viviendas", así como la reubicación de industrias y suelos terciarios, y la integración de infraestructuras necesarias. La ley original les otorgaba un carácter "preferente y urgente" y plazos más cortos para agilizar la recuperación, previendo la tramitación "siempre por gestión directa", ya sea mediante expropiación o reparcelaciones de suelo.
La modificación propuesta por el PP introduce el término "preferentemente" en la redacción, indicando una prioridad para la gestión directa, pero ya no cierra la puerta a la participación de la parte privada en el diseño y ejecución de los planes. Con la gestión directa exclusiva, era el Consell o los ayuntamientos quienes asumían la expropiación y reparcelación. La apertura a la gestión indirecta podría permitir que un agente urbanizador privado adelante la inversión de las obras de urbanización, repercutiendo los costes posteriormente a los propietarios afectados o quedándose con aprovechamiento de terrenos.
Desde la Conselleria de Territorio, dirigida por Vicente Martínez Mus, se argumenta que la "prioridad" seguirá siendo la gestión directa, pero se busca que el cambio "tampoco sea un impedimento para el desarrollo en determinados municipios". Estos planes especiales tienen la capacidad de modificar los planes generales municipales y afectar suelo urbanizado o rural.
Adicionalmente, otra enmienda del PP permitirá que otros instrumentos urbanísticos, como las actuaciones territoriales estratégicas, puedan "adaptarse, integrarse o transformarse" en estos planes urbanísticos especiales cuando existan "necesidades públicas o de interés general" prevalentes, conservando los trámites ya realizados.
Una tercera enmienda del PP pretende flexibilizar la implantación industrial en suelo no urbanizable, ampliando las excepciones para construir cuando el suelo urbano o urbanizable sea "inadecuado". También elimina la exigencia de parcela mínima de 10.000 metros cuadrados y la necesidad de mantener la mitad de la superficie libre para uso agrario. Además, se establece una distancia mínima de 500 metros entre industrias peligrosas y usos residenciales, educativos o sanitarios, con posibilidad de excepciones municipales.
