La sociedad, creada en 2003 para impulsar el desarrollo ferroviario de la zona sur de la ciudad, vive un escenario de bloqueo político. El nombramiento se ha formalizado en una reunión extraordinaria y telemática, donde el voto de calidad del Gobierno ha sido decisivo ante la oposición de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.
Fuentes municipales han criticado que el Ministerio de Transportes haya optado por imponer un perfil de su confianza en lugar de buscar una figura de consenso. Esta situación ha impedido, a su vez, la incorporación de una nueva consejera en la entidad, un punto que las administraciones valencianas habían condicionado a un acuerdo previo sobre la gerencia.
El nuevo gerente es un ingeniero de caminos con una amplia trayectoria en la coordinación técnica de la Oficina del Corredor Mediterráneo. Su elección profundiza en la confrontación entre las instituciones, que ya habían mostrado discrepancias en meses anteriores sobre la composición de los órganos de gobierno de la sociedad.
