La situación se vuelve especialmente crítica durante el verano, una época en la que muchas explotaciones incrementan sus necesidades de agua, energía, combustible y otros insumos. Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura revelan que el índice general de precios pagados por los bienes y servicios utilizados en la actividad agraria se sitúa en 129,54 (con 2020 como base 100), indicando que los inputs agrarios son cerca de un 30% más caros en términos generales. Sin embargo, algunos costes clave han experimentado subidas mucho más pronunciadas.
Los carburantes acumulan un encarecimiento superior al 90% desde 2020, mientras que los fertilizantes han subido un 82% y la energía un 48%. Otros incrementos significativos incluyen la conservación y reparación de maquinaria (+39%), los productos fitosanitarios (+29%) y los gastos generales (+28%). La escalada de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados que cuestan más del doble que hace cuatro años, es particularmente preocupante. Por ejemplo, la urea ha pasado de 52,69 a 72,84 euros por cada 100 kilos en un año, un aumento del 38%.
Esta coyuntura afecta tanto a los cultivos de regadío, donde se incrementan los costes hídricos y energéticos del bombeo, como a los de secano, donde pesan el combustible, la maquinaria y los fertilizantes. En el sector ganadero, los gastos diarios de alimentación, agua y atención a los animales mantienen elevados los costes de alimentación, carburantes, electricidad y servicios veterinarios.
La Unió Llauradora también señala que la inflación de los costes no se refleja adecuadamente en los precios que reciben los productores. Mientras los carburantes y fertilizantes superan los niveles de 2020 en un 90% y 82% respectivamente, los precios en origen de muchos productos no compensan este incremento. Los diferenciales entre precios en origen y destino son del 321% en el caso del calabacín, 385% en la lechuga, 424% en el limón y 423% en el cerdo, evidenciando la necesidad de reforzar la cadena alimentaria para garantizar una remuneración justa.
Ante esta situación, la organización reclama la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que el sector más débil soporte desproporcionadamente los incrementos de costes. Carles Peris, secretario general de La Unió, destaca que "producir alimentos cuesta hoy mucho más que hace seis años y muchos de esos sobrecostes los asume directamente el agricultor o el ganadero".
Como medidas estructurales, La Unió pide la creación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida, así como medidas para abaratar la factura energética mediante el impulso del autoconsumo, las energías renovables y la modernización de los sistemas de riego. También solicita actuaciones ante el encarecimiento de los fertilizantes y una estrategia para reducir la dependencia exterior de materias primas esenciales.
