Los documentos regulan las obligaciones de las personas residentes, las condiciones económicas y la participación en la comunidad, con contratos de hasta tres años para jóvenes y siete para personas mayores. Este paso supone un nuevo avance en la tramitación administrativa para poner en funcionamiento el edificio, que ofrecerá un modelo residencial basado en la vivienda asequible y la convivencia entre generaciones.
Los modelos aprobados se adaptan a los dos colectivos: jóvenes de entre 18 y 35 años y personas mayores de 65 años. Los contratos tienen una duración inicial de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de tres años para los jóvenes y siete para las personas mayores, siempre que se mantengan las circunstancias de acceso y se cumplan las condiciones.
Los precios mensuales del alquiler social oscilan entre los 210 y los 274 euros. Entre las obligaciones de los adjudicatarios figura destinar la vivienda a domicilio habitual, mantenerla en buenas condiciones, asumir el pago de la renta mensual y de los suministros individuales, tasas de basura y alcantarillado, y gastos de mantenimiento de los elementos comunes. El pago se deberá realizar antes del día 15 de cada mes, preferentemente mediante domiciliación bancaria.
Los contratos también prohíben obras o modificaciones del equipamiento sin autorización expresa del Ayuntamiento. Al finalizar el contrato, se deberá devolver el inmueble en las condiciones establecidas y con todo el mobiliario y equipamiento.
Un aspecto fundamental es la implicación de las personas residentes en la vida comunitaria, con una dedicación mínima de cuatro horas semanales a actividades de participación y desarrollo comunitario, para crear un entorno de convivencia y colaboración entre generaciones.
La concejala de Vivienda, Teresa Sanjuán, ha destacado que «este proyecto va más allá de facilitar una vivienda a precio asequible. Queremos crear una comunidad en la que jóvenes y personas mayores puedan convivir, compartir experiencias y ayudarse mutuamente. Por ello, los contratos no solo regulan las condiciones del alquiler, sino también las responsabilidades que conlleva formar parte de este modelo de convivencia».
Sanjuán ha explicado que el Ayuntamiento está avanzando en todos los trámites para hacer posible la entrada de los residentes, cumpliendo todos los procedimientos y plazos normativos, con el objetivo de que puedan disponer de sus viviendas cuanto antes.
El edificio de Sant Mateu 102-104 cuenta con 18 viviendas (estudios y pisos de un dormitorio), dos de las cuales se destinarán a un recurso de carácter social gestionado por una entidad especializada. Dispone también de espacios comunes como sala de convivencia, lavandería y patio. Las obras, iniciadas en marzo de 2024, fueron adjudicadas por cerca de dos millones de euros, con financiación municipal y aportaciones del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana.
Las bases específicas de la convocatoria se aprobaron el 2 de abril, la relación de personas admitidas el 24 de septiembre, y la propuesta de distribución de viviendas el 27 de octubre. La aprobación de los modelos contractuales es un trámite necesario para formalizar los arrendamientos.
