El Govern exige exigir la actuación policial contra un aficionado con una estelada en Elche

La Conselleria de Territorio señala que la Delegación del Gobierno ha abierto una investigación interna y niega órdenes para requisar las banderas.

Imagen genérica de un balón de fútbol sobre césped.
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Imagen genérica de un balón de fútbol sobre césped.

La Generalitat ha denunciado la actuación de agentes de la Policía Nacional contra un aficionado del Barça en Elche, al que le confiscaron una estelada y le golpearon antes del partido del pasado domingo.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, informó que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha abierto una investigación interna para analizar los hechos. Según Paneque, la Delegación ha trasladado que no se había emitido ninguna orden específica para requisar esteladas en el estadio ilicitano, lo que deja abierto quién tomó la decisión sobre el terreno.
La consellera recordó que los únicos elementos prohibidos en los estadios son aquellos que incitan a la violencia o al odio, y defendió que las esteladas forman parte de la expresión política y cívica. Reivindicó la libertad de expresión para portar banderas legales a los campos, siempre que no contengan mensajes violentos, y señaló que retirar estos símbolos en un contexto pacífico vulnera ese derecho.
Paneque justificó el retraso en la reacción del Govern, que se ha pronunciado este martes, más de 24 horas después del partido, argumentando la necesidad de disponer de información sobre la investigación policial. Aseguró que la condena a la violencia ha sido clara y que se han exigido explicaciones formales.
Respecto al contacto con el joven afectado, la consellera admitió que no le consta ninguna comunicación directa del Govern, ni con él ni con su entorno o el club, más allá del seguimiento oficial. Indicó que el afectado dispone de mecanismos para emprender acciones legales, como denuncias administrativas o penales.
Finalmente, Paneque insistió en la importancia de la investigación abierta por la Delegación del Gobierno para conocer el protocolo seguido por los agentes y si hubo un uso desproporcionado de la fuerza, con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que se repitan situaciones similares.