El «Proyecto de Ordenación del Monte de Utilidad Pública ‘Sierra Negrete’ de Utiel», un informe de Tragsatec fechado en enero de 2026, revela una singular anomalía patrimonial: 1.108,59 hectáreas de terreno agrícola activo, principalmente viñedos y frutales no cítricos, se ubican dentro de la superficie pública del monte. Estas fincas, integradas en el paisaje, operan bajo «los antiguos Realengos», un derecho histórico que permite su explotación «sin que los titulares de los mismos aporten al titular del monte nada a cambio».
Este documento, expuesto actualmente en fase de alegaciones hasta el 7 de agosto y disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Utiel, ha sido promovido por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana. El informe detalla que el monte Sierra Negrete tiene una superficie pública de 6.389,57 hectáreas, de las cuales más de mil están bajo este régimen especial.
Históricamente, el aprovechamiento de parcelas públicas para labor y siembra ha sido una práctica regulada, con el consistorio enajenando hasta 1.310 hectáreas en subastas hasta 2015. Sin embargo, las 1.108 hectáreas de los «Realengos» han permanecido inmunes a cualquier tasa o contraprestación económica, un hecho que se remonta al Antiguo Régimen.
El concepto de «Realengo» se refiere a tierras bajo la jurisdicción directa del Rey. Con el tiempo, el uso consuetudinario por parte de los vecinos para la subsistencia se consolidó como «derecho de costumbre». La legislación moderna, especialmente las leyes desamortizadoras del siglo XIX y la creación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, descubrió estas ocupaciones consolidadas dentro de los nuevos límites de los montes públicos.
El Deslinde oficial del monte «Sierra Negrete», aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura el 31 de agosto de 1929, definió formalmente los «enclavados»: 70 parcelas privadas que suman 1.187,70 hectáreas dentro del monte público. Este deslinde fue objeto de una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo.
Una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio de 1980 anuló el amojonamiento (marcado físico de lindes) basado en el deslinde de 1929, argumentando el excesivo tiempo transcurrido sin consolidación de las fronteras. La justicia dio la razón a los agricultores, legitimando el uso tradicional por la desidia administrativa.
La nueva planificación forestal impone un «congelamiento» de la actividad agrícola, determinando que solo se puede realizar sobre superficies ya roturadas y advirtiendo que el marco de las parcelas «tampoco puede ser ampliado». A pesar de ello, las ortofotos muestran cómo la vegetación forestal ha ido ganando terreno a los cultivos agrícolas desde 1956, indicando que la naturaleza está recuperando espacio.
