La actuación se ha iniciado a raíz de una queja presentada por la coalición Compromís. El motivo de la denuncia son unas declaraciones captadas por micrófonos abiertos durante una sesión de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del parlamento autonómico el pasado 15 de julio.
En la conversación, un diputado de la formación Vox afirmaba haber utilizado información privilegiada sobre una investigación judicial relacionada con una red de trata de seres humanos desarticulada en la provincia de Castellón. El parlamentario aseguraba conocer estos datos porque se los había facilitado una fiscal.
La formación denunciante ha celebrado la incoación del expediente, señalando que la Inspección considera que existen elementos suficientes para iniciar una investigación sobre los hechos. El objetivo es determinar si se han vulnerado los deberes de reserva y sigilo que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El caso ha generado reacciones en otros grupos parlamentarios, como el PSPV, que también ha reclamado medidas jurídicas al considerar la gravedad de las afirmaciones realizadas durante la sesión parlamentaria.
