El proceso, iniciado en enero de 2024, suspendió la emisión de informes de compatibilidad tras superar los 2.200 concedidos. Tras un diagnóstico técnico, un proceso participativo y dos periodos de exposición pública, se han incorporado alegaciones e informes de otras administraciones. Las zonas afectadas por la línea de protección de Costas han quedado excluidas.
La nueva normativa se articula en torno al Indicador de Vulnerabilidad Territorial (IVT), que combina la presión de las viviendas turísticas, el porcentaje de viviendas principales y la densidad residencial. Esto permite clasificar cada zona según su riesgo, afectando las posibilidades de implantar nuevas VUT.
Las zonas consideradas vulnerables no permitirán nuevas VUT, excepto para rehabilitaciones vinculadas al patrimonio arquitectónico tradicional. En áreas de alto riesgo, se admiten nuevas viviendas si el índice de presión residencial no supera el 4, mientras que en riesgo medio el límite es 8. Las zonas de baja vulnerabilidad ofrecen más posibilidades.
Entre las zonas donde no se podrán implantar nuevas VUT se encuentran el Núcleo Histórico Tradicional, Clot de Mingot, Piteres, Carrer La Mar, Ensanche Avenida y la Fachada Marítima. En el otro extremo, zonas como Altea la Vella, Santa Clara o Sierra de Altea Golf permiten nuevas implantaciones.
La implantación también puede estar condicionada por la normativa de Costas en ámbitos como Mascarat Sur o Villa Gadea. Además, se establece un límite municipal máximo de 12 VUT por cada 100 viviendas.
El Ayuntamiento destaca que la regulación ya ha reducido el número de VUT, pasando de más de 15 altas mensuales post-pandemia a entre 2 y 3. El total de VUT ha bajado de 2.119 a finales de 2023 a 1.622 actualmente, una reducción del 23,45%. El concejal de Urbanismo, Josep Orozco, afirma que el objetivo es ordenar la implantación turística con datos y seguridad jurídica, no prohibirla.
Las viviendas turísticas ahora pagan una tasa de recogida de residuos de 364 euros, considerándose una actividad económica.
