La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, está redactando diez actuaciones para proteger la cuenca del barranco del Poyo, el río Magro y el sistema Pozalet-Saleta ante futuras inundaciones. Las primeras propuestas estarán listas este otoño, con el objetivo de reducir el impacto de las riadas en los municipios más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.
La principal novedad de estos proyectos, adjudicados por cerca de cuatro millones de euros, es un enfoque que busca no solo evacuar el agua rápidamente, sino también aprender a convivir con las inundaciones. Se estudian Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) para retener temporalmente el caudal durante episodios de lluvia extrema, disminuyendo así la altura y la velocidad del agua antes de que alcance las zonas urbanas.
Las actuaciones se concentrarán en el barranco del Poyo, ampliando su cauce desde Torrent hasta l'Albufera, con mejoras en tramos de Picanya, Catarroja y Massanassa, y restauración ambiental en la desembocadura. También se prevén intervenciones en el río Magro, con nuevas zonas de almacenamiento aguas arriba de Utiel y entre los embalses de Forata y Carlet, así como la restauración de su desembocadura en el Júcar.
Además, se analizarán medidas para proteger las pedanías del sur de València, eliminando obstáculos de drenaje y estudiando el efecto barrera de infraestructuras como la V-30. Cada intervención se adaptará a las características de cada cuenca y se coordinará con los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana.
Los proyectos se basan en el análisis del comportamiento real del agua durante la dana, identificando puntos de desbordamiento, zonas de almacenamiento y velocidades registradas. "Ese conocimiento es hoy la base sobre la que estamos diseñando estos proyectos para reducir el riesgo de inundación y aumentar la resiliencia del territorio", explica Teodoro Estrela, coordinador de los trabajos.
Tras la presentación de las alternativas este otoño, se abrirá un proceso de participación pública antes de la redacción definitiva, seguido de la tramitación administrativa y la licitación de las obras.
