El plan, impulsado por el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, junto a la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA), busca reducir la vulnerabilidad del territorio mediante infraestructuras basadas en la naturaleza. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante inundaciones y avanzar hacia un modelo territorial más resiliente.
La primera fase de esta estrategia del Consell incluye una inversión de aproximadamente 25 millones de euros para la comarca de la Vega Baja. Las actuaciones se centrarán en mejorar la capacidad hidráulica del río Segura, con la limpieza de cañas y la renaturalización de 25 kilómetros de su cauce, para minimizar los efectos de futuras inundaciones como las sufridas en 2019.
Otro proyecto destacado es la transformación del río Monnegre en un corredor verde de 22 kilómetros, con una inversión de 15 millones de euros. Este espacio atravesará los municipios de Tibi, Xixona, Mutxamel, Alicante, Sant Joan y El Campello, e incluirá recorridos peatonales y ciclorutas.
Adicionalmente, se creará un parque fluvial entre Mutxamel y Sant Joan con una inversión de 11,5 millones de euros. Este proyecto contempla la construcción de un colector y tres lagunas interconectadas para reducir el riesgo de inundaciones, además de recuperar 60.000 metros cuadrados de zona verde.
Raúl Mérida ha subrayado que estas infraestructuras estratégicas no solo ayudarán a laminar avenidas de agua y a reforzar la protección de zonas urbanas, sino que también generarán nuevos espacios para la ciudadanía y mejorarán la calidad de vida. La iniciativa se enmarca en una estrategia autonómica que afecta a las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
El comisionado también ha advertido sobre el incremento de la temperatura del mar Mediterráneo, que registra máximos históricos y favorece una mayor concentración de humedad atmosférica, lo que prevé que se traduzca en 'más lluvias este otoño'.
Finalmente, Mérida ha reclamado al Gobierno central mayor flexibilidad en la contratación de emergencia y una revisión de los precios de la obra pública, considerando que la legislación vigente no ofrece una respuesta suficientemente ágil ante catástrofes.
