El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha formalizado con la mercantil Veolia el nuevo contrato para la gestión integral de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, control de vertidos y depuración en el término municipal. Este acuerdo, con una duración de 17 años, busca optimizar la calidad del servicio, proteger las redes ante el cambio climático y mantener estables los costes para la ciudadanía.
El procedimiento abierto ha priorizado cláusulas sociales, la reducción de la huella de carbono y condiciones técnicas ventajosas. Una de las principales novedades es el establecimiento de una tarifa finalista de 0,00 euros por abonado y mes, de modo que no supone ningún impacto económico directo en los recibos de los hogares. Además, se ha producido una inyección anticipada de 2,3 millones de euros a las arcas municipales por derechos de uso de las instalaciones, a la que se suma un canon anual variable estimado en más de 400.000 euros durante el primer año, lo que supone cuadruplicar la cuantía mínima inicial.
El alcalde, Roberto Raga, ha destacado que la firma representa un paso decisivo hacia un modelo de gestión del agua más moderno y comprometido con el futuro medioambiental del municipio. "Este contrato asegura un servicio hídrico de la máxima calidad para todos nuestros barrios y urbanizaciones, protege la economía de nuestros vecinos sin cargas adicionales y nos dota de capacidad inversora para actuar en nuestra red de alcantarillado y pluviales", ha afirmado.
En cuanto a la sostenibilidad, Veolia elaborará una auditoría integral de la huella de carbono del servicio durante el primer año, con el compromiso de reducir las emisiones en más de un 10% durante la vigencia del contrato. También se blindará el Dominio Público Hidráulico, prohibiendo vertidos al río y asumiendo la empresa el pago del canon correspondiente ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El documento también incluye cláusulas de responsabilidad social, como la garantía de las condiciones laborales del personal, planes de prevención de riesgos y el uso de lenguaje inclusivo. El plan de trabajo prevé la presentación de proyectos técnicos de mejora en un plazo máximo de tres meses, con la ejecución de las obras estructurales durante los tres primeros años, para adaptar el sistema a las exigencias normativas europeas y a los retos hídricos futuros.
