La nueva contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Elche, que incluye nuevas dotaciones como el pabellón inclusivo y Jayton, continúa paralizada. El pasado mes de abril, una de las empresas licitadoras, Clece, presentó un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra la adjudicación a la UTE formada por FCC y Obras P. Selva, actuales prestadoras del servicio. La propuesta de la UTE fue de 10,2 millones de euros.
Debido a este recurso, el procedimiento ha quedado automáticamente paralizado de forma cautelar. El tribunal ha señalado que los perjuicios derivados del posible levantamiento de la suspensión serían de difícil o imposible reparación, por lo que se ha acordado el mantenimiento de la paralización. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha tenido que seguir liquidando facturas a los actuales contratistas por valor de 450.000 euros, ya que el servicio no puede interrumpirse.
Clece quedó en segunda posición en ambos lotes del concurso: colegios y dependencias municipales. El hecho de que el procedimiento esté pendiente de resolución implica que el Ayuntamiento sigue pagando facturas a la adjudicataria actual, que es la misma UTE, a pesar de que el contrato anterior hubiera caducado hace dos años. Estos pagos se realizan con omisión de fiscalización, conocidos como 'reparos'.
Según el concejal Claudio Guilabert, las empresas licitadoras continúan sufriendo el desequilibrio económico arrastrado desde la anterior adjudicación, que se hizo antes de la aprobación del nuevo convenio colectivo para las 140 trabajadoras. La entrada en vigor de este convenio supuso un desequilibrio económico para las empresas, hecho que llevó a la administración a un posible enriquecimiento ilícito al tener una adjudicataria prestando el servicio con déficit.
En su momento, este déficit motivó la resolución del contrato anterior para sacarlo a nueva licitación. El precio de partida del nuevo contrato se dobló, pasando de 5 a 10,3 millones de euros, para contemplar la mejora salarial de la plantilla, que aumentó un 12% con el nuevo convenio. La actual adjudicataria solicitó compensaciones al Ayuntamiento por este incremento, que inicialmente le fueron rechazadas pero posteriormente reconocidas.
La situación de las trabajadoras, con un convenio nuevo sin aplicación inicial, fue un problema para ellas y para la adjudicataria, la UTE FCC y Obras y Servicios P. Selva, que asumió el servicio tres meses antes de la firma del convenio. Ahora, con el nuevo acuerdo laboral y la inversión municipal incrementada, todo parecía encaminado a la normalidad. Sin embargo, el recurso presentado por Clece mantiene paralizada la renovación, obligando al ejecutivo local a seguir liquidando facturas fuera de contrato.
