La entidad, que ha actuado como colaboradora en este procedimiento, ha destacado la intensa carga de trabajo asumida durante los dos meses y medio que ha permanecido abierto el plazo. Ante la elevada demanda, que agotó las citas oficiales en pocos días, la organización habilitó un servicio paralelo para revisar la documentación y orientar a los solicitantes antes de derivarlos a los organismos competentes.
Para llevar a cabo esta tarea, se constituyó un equipo de ocho personas que trabajaba diariamente en la revisión de papeles. Según han indicado, esta metodología permitió entregar los certificados de vulnerabilidad en el mismo momento de la atención, evitando así las demoras detectadas en otros canales de tramitación.
En cuanto a la procedencia de las personas atendidas, la mayoría de los expedientes correspondían a ciudadanos de Colombia, seguidos por personas de Marruecos, Argentina, Argelia y Perú. El 80% de los casos gestionados por la fundación pertenecían a residentes en el municipio de Elche.
La entidad ha señalado que, aunque el plazo de presentación finalizó el pasado 30 de junio, continuarán realizando el seguimiento de los expedientes y respondiendo a los requerimientos que pueda plantear el Ministerio. El objetivo final de esta regularización es facilitar el acceso a derechos básicos y mejorar la integración social y laboral de las personas que ya residían en el país.
