El concejal de Educación, Vicente Pina, ha detallado las actuaciones que coordina el Ayuntamiento de Orihuela para asegurar la seguridad del alumnado y la continuidad de la actividad educativa en el CEIP Virgen de la Puerta. Pina ha querido explicar los antecedentes del centro ante informaciones que cuestionan la acción municipal.
Los problemas estructurales se remontan a la construcción del edificio, recepcionado en 1972. Ya en 1976 se detectaron grietas en el salón de usos múltiples y el patio. Informes posteriores, como uno de 1977, alertaron del posible peligro de derrumbe, y otro de 1978 constató grietas en varias aulas y dependencias. Se colocaron testigos para controlar la evolución y se adoptaron medidas de apuntalamiento.
En 1990, un informe propuso el desalojo temporal para un estudio completo. Al año siguiente, 1991, el Ayuntamiento ofreció terrenos para un nuevo centro, ya que la Conselleria no veía viable la rehabilitación. "Estamos hablando de una problemática que se arrastra desde hace décadas", ha señalado Pina, recordando el primer apuntalamiento de 1977.
Dentro del Plan Edificant en 2018, se planteó una intervención que el Consejo Escolar no consideró integral, solicitando una alternativa viable. Desde 2023, Pina ha recopilado información y ha expuesto la falta de medios humanos en el departamento, que ha pasado de diez trabajadores en 2017 a solo tres en 2023, sin el personal técnico necesario para el mantenimiento.
El Ayuntamiento ha iniciado la contratación de un estudio técnico exhaustivo, entregado en noviembre de 2025. El documento, remitido a la Conselleria en febrero de 2026, coincide con un informe municipal en la necesidad de actuar. Pina ha rechazado afirmaciones sobre la falta de comunicación con la Conselleria, asegurando que la administración autonómica ya conocía la situación.
Una de las primeras opciones es la búsqueda de una parcela próxima para aulas prefabricadas, pero las cinco estudiadas no reunían las condiciones. Se ha iniciado negociación con un propietario privado y ahora con la Sareb. Mientras tanto, se tramita un contrato urgente para actuar en el edificio actual, incluyendo medidas de seguridad como el cierre preventivo de algunas dependencias.
El objetivo es que las actuaciones se ejecuten antes de septiembre. Se contempla, si es preciso, un pequeño retraso en la incorporación del alumnado. Como segunda alternativa, si los informes determinan la imposibilidad de mantener la actividad, se podría trasladar temporalmente el alumnado a otros colegios de pedanías, con la Conselleria encargándose del transporte y servicios.
Pina ha rechazado críticas sobre la inactividad municipal, insistiendo en el trabajo coordinado desde el inicio del mandato para encontrar soluciones a un problema histórico. "No es cierto que no se esté trabajando", ha afirmado, asegurando que se busca garantizar la seguridad y la continuidad educativa del alumnado.
