La resolución del TSJCV supone la revocación del criterio mantenido en primera instancia y confirma la actuación municipal en relación con la aplicación del IBI. El tribunal considera que la modificación de la Ordenanza Fiscal no requiere una justificación específica para el incremento del tipo de gravamen, siempre que esté dentro de los límites legales y exista un informe técnico que lo justifique.
El tribunal también señala que trasladar el enjuiciamiento del incremento del IBI al ámbito de los presupuestos municipales, a través de una impugnación indirecta de la Ordenanza fiscal, supone una desviación del alcance de la impugnación indirecta. Por ello, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia apelada y desestima el recurso contencioso-administrativo formulado.
Para el gobierno municipal, este pronunciamiento judicial confirma que el Ayuntamiento actuó dentro de la legalidad y que el IBI correspondiente al ejercicio 2025 se aplicó de acuerdo con la ordenanza fiscal aprobada por el consistorio y avalada por informes técnicos. La sentencia de primera instancia había anulado la modificación de la ordenanza, generando incertidumbre entre los contribuyentes.
El equipo de gobierno lamenta la situación generada durante los últimos meses, considerando que mensajes de la oposición contribuyeron a crear la expectativa de devoluciones del IBI. El gobierno recuerda que, tras la sentencia de primera instancia, se difundieron llamadas para que los contribuyentes iniciaran reclamaciones de devolución, una actuación que califica de "precipitada" y con "intereses partidistas".
Con la resolución favorable del TSJCV, el gobierno considera necesario corregir la "confusión interesada" generada por la oposición. Mantienen que la modificación del IBI respondía a las necesidades económicas del municipio y que se había aprobado y aplicado conforme al procedimiento legal.
"Nuestra obligación es gobernar con responsabilidad, defender los intereses de Sueca y cumplir la legalidad", asegura el equipo de gobierno, que defiende que la modificación del impuesto se hizo "para poder seguir prestando los servicios que demanda la ciudadanía tras heredar un ayuntamiento en números rojos".
