Mientras se busca una salida administrativa a la compleja situación legal de las más de 200 viviendas construidas en la urbanización de La Foya, y con el Seprona avanzando en la investigación que afecta a más de 40 propietarios que edificaron al margen de la ley, el Ayuntamiento de Vilafamés trata de aportar una solución al problema del suministro de agua potable, una exigencia de los residentes desde hace años.
La realidad es que muchos propietarios sabían que no disponían de licencia de obras ni de los servicios esenciales cuando comenzaron a vivir en la zona, ya que la urbanización no estaba desarrollada. Aun así, se siguió edificando hasta conformar la actual zona residencial.
El Síndic de Greuges ya destacó en su momento que estas irregularidades se derivaban, en parte, de un funcionamiento inadecuado de la administración municipal. En una resolución de 2023, recordó al Ayuntamiento su obligación de solucionar el problema y garantizar el suministro de agua potable, un servicio esencial al que los vecinos tienen derecho.
El alcalde, Abel Ibáñez, explica que desde 2015 se han buscado soluciones, y la más viable, ante la falta de desarrollo urbanístico, ha sido habilitar un punto de suministro desde el que camiones cisterna potabilizadores realicen el suministro. Esta medida, acordada con Sanidad, se ha llevado a cabo recientemente.
El uso de los camiones cisterna es voluntario y los vecinos deben asumir el coste. El alcalde recuerda que Sanidad recomienda desde 2017 no utilizar el agua que llega actualmente a las casas, ni siquiera para la higiene personal.
A pesar de la problemática urbanística, el Síndic de Greuges reiteró que el abastecimiento de agua potable es una competencia obligatoria de la administración local que no se estaba ejerciendo adecuadamente, siendo un deber legal directamente exigible.
Sin la definición y ejecución del plan urbanístico, no es posible una canalización convencional. El consistorio habilita el punto de agua potable y ha contratado la empresa de transporte, pero el coste de recargar los depósitos domésticos con los camiones cisterna recae sobre los vecinos, además del consumo propio.
El alcalde ha confirmado que ya se tienen preparadas las bases para sacar a licitación el desarrollo urbanístico a través de un agente urbanizador, un proceso administrativo largo que puede interesar a alguna empresa. Los vecinos deberán asumir parte del coste de urbanización, un precio que, según fuentes consultadas, ha lastrado la regularización de esta situación de ilegalidad.
La situación, ahora en manos del Seprona, expone a más de 40 propietarios a posibles penas de prisión y multas judiciales.
