Durante la sesión plenaria de agosto, se dio luz verde a la modificación, que tiene como objetivo redefinir el perímetro del suelo destinado a la extracción de áridos. El equipo de gobierno (PSPV) y el PP votaron a favor, mientras que Compromís expresó su rechazo. Este paso permitirá que la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental evalúe la adecuación definitiva de la solicitud.
El acuerdo incluye la incorporación de una disposición transitoria para regular la actividad en la zona quemada en 2001, que debe estar excluida del ámbito de extracción durante 30 años, según la ley forestal. También se desestimó una alegación particular.
La concejala de Urbanismo, Laura Castellà, explicó que la modificación, que se remonta a 2022, busca adecuar la autorización minera al PGOU, garantizando la legalidad urbanística y la seguridad medioambiental. Castellà destacó la lentitud de los trámites administrativos y la necesidad de someter el expediente al control del órgano competente de la Generalitat para poner fin a un proceso que se ha alargado durante años.
Castellà subrayó que se han seguido todos los pasos legales y se ha obtenido una evaluación ambiental estratégica favorable. Defendió la aprobación provisional por rigor a la legalidad, asegurando que el terreno sigue siendo no urbanizable y que el Ayuntamiento obtendrá un beneficio con la cesión gratuita de terrenos. También argumentó la decisión por responsabilidad económica, ante el aumento de la construcción y la obra pública, utilizando material local para reducir la huella de carbono.
La titular de Urbanismo afirmó que esta aprobación supone dar soluciones a problemas enquistados y representa un hito histórico para Pego, protegiendo más de 500.000 metros cuadrados del término municipal.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Àngel Oltra, calificó el expediente de "largo", remontándose la primera autorización a 2014. Criticó que no siempre se siguen los criterios de los técnicos locales y señaló informes desfavorables de la oficina técnica y del servicio territorial de Urbanismo, así como la falta de incorporación de condicionantes ambientales por parte de la empresa.
Oltra también puso en duda el beneficio para el pueblo de la cesión de suelo, considerándola una zona forestal degradada. Lamentó que el paisaje cambiará con la desaparición de una punta de montaña. Compromís considera que no se están recortando tiempos de espera y que se debería haber exigido el cumplimiento de las advertencias del Ayuntamiento antes de la votación.
El portavoz del PP, Ferran González, defendió la propuesta como "coherente" y una "barrera de protección ambiental" para el pueblo, destacando los tres informes favorables a nivel ambiental. Señaló que el cambio en la ley forestal, que exige 30 años para zonas quemadas, hace injusta la situación actual. Defendió la guía por los informes externos para dar solución a un expediente "enquistado".
González recalcó que se trata de una aprobación provisional y que la Conselleria de Medio Ambiente tiene la última palabra. Afirmó que la aprobación permitirá disminuir la extracción en un 50%, mejorar la carretera de acceso y que la empresa da empleo a más de 100 familias, siendo un referente en la regeneración por la dana en la Comunidad Valenciana.
La concejala de Urbanismo reiteró que la aprobación provisional se hace porque la competencia definitiva no es del Ayuntamiento y para evitar esperar indefinidamente informes sectoriales contradictorios, buscando dar trámite a expedientes paralizados.
