Los agentes iniciaron la investigación a raíz de una inspección rutinaria en un centro de reciclaje de metales en l'Horta Sud. Allí localizaron la importante cantidad de cobre, que los responsables del centro indicaron haber recibido de los trabajadores de una empresa de mantenimiento eléctrico. Estos operarios, vestidos con el uniforme de su empresa, habrían llevado el material para venderlo, informando falsamente que tenían autorización.
Según las explicaciones del centro de recuperación, los trabajadores emitían facturas a su nombre por las ventas y entregaban el material en pequeñas cantidades para evitar sospechas. La Guardia Civil atribuye a los investigados hasta 42 posibles robos.
Cuando la Guardia Civil comunicó el asunto a la empresa de mantenimiento eléctrico, los responsables aseguraron desconocer la práctica de sus empleados. Subrayaron que no existía ninguna autorización para la venta del material, ya que la empresa dispone de su propia gestión de residuos.
Actualmente, un juzgado de Torrent se encarga de la investigación de los once trabajadores por un total de 42 delitos de robo.
