El dispositivo, gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), tiene como finalidad combatir la ocupación irregular que afecta actualmente al 13 % de las 14.500 viviendas que forman el parque público autonómico. Según ha informado la administración, el objetivo es garantizar el acceso a un hogar a las familias que se encuentran en las listas de demanda y que respetan la legalidad vigente.
La empresa que resulte adjudicataria del contrato se encargará de realizar el seguimiento y la representación de la EVHA en los procedimientos administrativos necesarios. Asimismo, el personal coordinará las actuaciones con las fuerzas de seguridad y supervisará la instalación de sistemas de protección, tales como puertas antiocupación y alarmas, para evitar nuevas intrusiones.
Para llevar a cabo estas tareas, la adjudicataria deberá disponer de un equipo multidisciplinar integrado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos. El contrato, que tiene una duración inicial de tres años con posibilidad de prórroga, cuenta con un valor estimado de 796.831 euros, IVA excluido, y el plazo para presentar las ofertas finaliza el próximo 30 de julio.
