El Consell ha actualizado el precio del módulo de las viviendas de protección pública (VPO) a 2.568 euros el metro cuadrado de superficie útil para 2026, un incremento del 7% respecto al precio actual. Esta medida, publicada en el DOGV y firmada por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, busca incentivar la construcción ante la actual situación del mercado inmobiliario.
La resolución no solo se aplica a los nuevos expedientes que obtengan la calificación provisional a partir de ahora, sino que también se extiende a los que ya la tenían previamente. Tras meses de negociación con el sector promotor, que reclamaba un aumento del 10%, se ha alcanzado un acuerdo del 7%. Esto se traduce en que el precio de un piso de 90 metros cuadrados pasará de los 216.000 euros actuales (con un módulo de 2.400 euros/m²) a los 231.100 euros.
Este incremento se suma a la subida de 200 euros el metro cuadrado que ya se aplicó en 2024, desde los 2.200 euros decretados por el Botànic en 2023. En total, en tres años, la vivienda protegida se ha encarecido un 14,3%, pasando de 198.000 a 231.120 euros.
La justificación de estos incrementos se basa en la necesidad de reactivar un mercado que ha sufrido una caída drástica en la promoción de VPO. Según datos del ministerio, en el primer trimestre de 2026, la Comunitat Valenciana solo entregó 26 viviendas protegidas, mínimos históricos. El sector argumenta que el alza de los costes de construcción y la falta de suelo impedía construir a precios rentables.
La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, que ha elaborado un informe técnico para la resolución, documenta un incremento del coste de construcción del 57% desde 2019. El director del observatorio, Fernando Cos-Gayón, defiende que la actualización es una "condición mínima" para hacer posible la vivienda protegida y que sea accesible, especialmente para los jóvenes.
La Generalitat considera que la resolución, junto con medidas de simplificación administrativa, ya ha permitido una reactivación de actuaciones residenciales. Sin embargo, la Cátedra de la UPV califica la subida de "corrección parcial", ya que no cubre totalmente el aumento de los costes de construcción desde 2023 (17,1%). Cos-Gayón enfatiza la necesidad de medidas adicionales como activar el suelo protegido, desarrollar vivienda asequible en alquiler, reducir la carga fiscal y agilizar trámites.
