La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana ha señalado irregularidades en un contrato adjudicado por el área de Bomberos del Ayuntamiento de València. El contrato, valorado en 153.430 euros, fue adjudicado a la empresa Aprolis Iberia en abril de 2024 para el suministro de varias tablets y sistemas embarcados para los vehículos de emergencia del cuerpo de bomberos.
Según el informe de Antifraude, los pliegos del contrato presentaban características muy específicas que podrían haber sido diseñadas a medida de la empresa adjudicataria. Además, se alerta de que el precio base de licitación se infló un 10% sin justificación adecuada. El organismo indica que las especificaciones técnicas coincidían exactamente con una propuesta comercial previa de la empresa ganadora, a pesar de que esta declaró la ausencia de conflicto de intereses y negó haber participado en la elaboración de los pliegos.
Antifraude considera que esta declaración es "falsa" y sitúa a la empresa en una "posición de ventaja competitiva que vulnera los principios de igualdad de trato y no discriminación". La agencia también apunta a que la empresa adjudicataria y el fabricante pactaron un "precio protegido" exclusivo para el Ayuntamiento antes de la licitación pública, lo que sugiere el acceso a información confidencial y la vulneración de la competencia.
Los concejales de Compromís, Papi Robles y Ferran Puchades, han hecho referencia a estas conclusiones en una rueda de prensa, criticando la gestión contractual del equipo de gobierno e instan al alcalde a tomar medidas. Antifraude recomienda valorar la nulidad del contrato y tramitar un expediente de liquidación para abonar solo el coste material de los dispositivos, privando a la empresa de su beneficio comercial.
Además, el informe exige la puesta en marcha urgente del Comité Ético y la Comisión Antifraude, así como la implantación de un canal electrónico para consultas al mercado y un protocolo para revisar la neutralidad técnica de los pliegos. También se pide integrar un sistema de detección de coincidencias textuales para evitar la copia de catálogos comerciales.
Desde el equipo de gobierno local se defiende que la Fiscalía ya archivó una denuncia previa sobre este contrato y aseguran haber aportado toda la información requerida por Antifraude.
