Según han señalado los portavoces de la entidad, la defensa ejercida por la Abogacía del Estado en diversos contenciosos confirma que la iniciativa impulsada por la empresa XC Business 90 no ha sido descartada. Esta situación se mantiene a pesar de que la Concejalía de Urbanismo denegó la licencia de obra y de que existe un proyecto de la Autoridad Portuaria de Alicante para habilitar una estación intermodal en la misma zona.
Los colectivos vecinales y ecologistas, que registraron recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sostienen que la modificación de la concesión aprobada en 2019 debe ser anulada. Entre los argumentos presentados, destacan la falta de una Declaración de Impacto Ambiental obligatoria, la omisión de informes de seguridad exterior y el riesgo que supone la ubicación de estas instalaciones en un entorno urbano densamente poblado.
La plataforma recuerda que el convenio firmado en 1995 por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria establecía el compromiso de trasladar los depósitos de combustible existentes y evitar nuevas instalaciones de este tipo. Sin embargo, los promotores del proyecto siguen defendiendo la legalidad de la concesión en los procedimientos judiciales abiertos.
