La decisión de aplazar la sesión, prevista inicialmente para este lunes, ha sido propuesta conjuntamente por los grupos PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, con el apoyo de Vox. El vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar (PP), recordó que el orden del día incluía el debate de las conclusiones.
Según la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, en la reunión del pasado 30 de julio solo se aprobó la presentación de las conclusiones, no su debate inmediato. Por ello, considera que la nueva fecha clarifica el calendario de trabajo.
Robledillo explicó que en la sesión de julio se solicitó acceso a los correos electrónicos entre la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y el exconcejal de Hacienda, así como a los mensajes entre los departamentos. Estas comunicaciones no se han facilitado, y Villar argumentó motivos de privacidad, una negativa que, según los grupos, ha limitado la información disponible.
Los partidos de izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem) han anunciado que reclamarán un pleno extraordinario para debatir las conclusiones en una sesión abierta a la ciudadanía. La portavoz adjunta socialista, Ana Barceló, defendió la necesidad de este debate público para permitir que los ciudadanos lleguen a sus propias conclusiones.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, criticó duramente la gestión del caso, calificándolo como el 'mayor escándalo urbanístico en vivienda pública protegida de España' y anticipando que podría ser la 'tumba política' del PP y de Luis Barcala. Por su parte, el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, cuestionó la utilidad de la comisión, declarándola 'inútil'.
Robledillo confirmó que la próxima y posiblemente última sesión será el 2 de octubre a las 9:30 horas, expresando el deseo de que se ponga fin a lo que ha denominado el 'mayor escándalo urbanístico de esta ciudad'.
El llamado 'escándalo' de Les Naus, destapado a finales de enero, ya ha provocado varias dimisiones, incluyendo la de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la directora general municipal y un funcionario autonómico. El asunto también ha derivado en una causa judicial y en la creación de dos comisiones de investigación, una en el Ayuntamiento de Alicante y otra en Les Corts Valencianes, para depurar responsabilidades políticas.
