Durante el periodo 2011-2025, la provincia de Alicante ha concentrado el 37,2% de la población de la Comunitat Valenciana, pero solo ha recibido el 28,9% de la inversión autonómica, según un informe del Instituto de Estudios Económicos Provincia de Alicante (Ineca). Esta diferencia, del 8,3%, se traduce en una deuda inversora acumulada de 490 millones de euros. El informe analiza el proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, que muestra una fotografía más favorable para Alicante en la inversión territorializada, pero Ineca advierte de que no se debe confundir una mejora en el documento inicial con una corrección efectiva del desequilibrio mantenido durante quince años.
Históricamente, la inversión acumulada en Alicante se sitúa en 938 euros por habitante, frente a los 1.191 euros de la media autonómica, es decir, el 78,8% del promedio valenciano. Este desfase, considerado persistente y estructural por Ineca, se extiende desde 2011 y atraviesa diferentes etapas políticas. El proyecto de Presupuestos de 2026 asigna a Alicante el 38,4% de la inversión territorializada, un porcentaje que supera ligeramente su peso demográfico. Sin embargo, el problema radica en que este porcentaje se calcula sobre una parte de la inversión, ya que el 52,3% (757,9 millones de euros) continúa sin provincia asignada.
El proyecto presupuestario recoge 265,6 millones de euros para la provincia de Alicante dentro de la inversión real territorializada (38,4%), mientras que Valencia concentra el 48,8% y Castellón el 12,9%. La inversión sin territorio asignado en Sanidad alcanza los 251,5 millones, seguida por Economía y Hacienda (162,2 millones), Educación (145,4 millones) e Infraestructuras (117,8 millones). Estas cuatro consellerias suman cerca del 90% de la inversión pendiente de localización, incluyendo actuaciones como hospitales, centros educativos o carreteras.
Francisco Llopis, responsable del estudio, cuestiona que proyectos como obras civiles se mantengan bajo la etiqueta de "sin territorio específico", argumentando que una carretera tiene un trazado, un colegio ocupa una parcela y un hospital se construye en un municipio. Ineca considera que la falta de territorialización responde a una falta de información accesible que impide analizar la equidad del presupuesto. Alfredo Millá, presidente de Ineca, ha calificado las cuentas como una "nueva decepción" para la provincia, reclamando una compensación progresiva para reparar la brecha inversora acumulada.
El informe también señala que los ejercicios 2024 y 2025 presentan los peores resultados de ejecución real para Alicante. Ineca reconoce que la inversión excepcional puede concentrarse en un territorio por emergencias o necesidades concretas, pero el desequilibrio aparece cuando no se corrige a medio y largo plazo. La "deuda" de 490 millones es una estimación de lo que Alicante habría recibido de más si la inversión se hubiera distribuido proporcionalmente a su población desde 2011.
Ineca también reivindica la importancia de la ejecución presupuestaria. En 2025, de 4.183 millones de euros disponibles para inversión directa y transferencias de capital, solo se comprometieron 3.299 millones (el 78,9%), dejando 884 millones sin ejecutar. Las áreas de Servicios Sociales, Medio Ambiente y Educación concentraron la mayor parte de esta inversión no comprometida. La falta de territorialización de estos fondos impide calcular el impacto real en Alicante.
Santiago Carbó, director general de Estudios y Proyectos de Ineca, considera que el verdadero reto es "ejecutar mejor", no solo "presupuestar más", apuntando a limitaciones técnicas y administrativas. La brecha inversora también resta competitividad a Alicante, que crece en población pero no converge en renta y productividad. Alfredo Millá resume esta contradicción afirmando que "Alicante avanza, pero no converge", y que los déficits de infraestructuras condicionan la atracción de inversión y talento.
