La intervención, ejecutada por la Policía Local, se ha producido después de que los agentes detectaran movimiento de vehículos en la instalación, la cual ya contaba con una resolución previa que ordenaba el cese de la actividad. Con esta actuación, el consistorio mantiene su compromiso de hacer cumplir la normativa urbanística vigente.
El dispositivo municipal ha realizado hasta la fecha alrededor de 81 inspecciones en el término municipal, donde se han identificado más de 110 campas. Las autoridades han señalado que, en conjunto, estas instalaciones tienen capacidad para albergar más de 4.500 vehículos.
El gobierno local ha informado de que existen otros expedientes en fase avanzada de resolución, por lo que se espera que se produzcan nuevas clausuras en las próximas semanas. Asimismo, se ha recordado que los tribunales han desestimado las medidas cautelares solicitadas por otros aparcamientos previamente cerrados.
El objetivo municipal es asegurar que todas las actividades operen en igualdad de condiciones y con la documentación reglamentaria. En el caso de las campas anteriores a la modificación del Plan General, los titulares disponen de un plazo de tres meses para presentar los proyectos técnicos y las medidas de seguridad necesarias para su posible regularización.
